La Fiscalía solicitó penas de entre cuatro y cinco años de prisión para Julio De Vido y José López, además de inhabilitación perpetua y decomisos millonarios.
Hoy a las 13.00, el Tribunal Oral Federal N° 4 hará pública la sentencia en el Caso Skanska, que involucra a la constructora sueca acusada de direccionar licitaciones y pagar sobornos a funcionarios durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner.
La Fiscalía reclamó condenas de cuatro a cinco años de prisión para los principales imputados, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López. Además, pidió que sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos y que se ordenen decomisos millonarios.
El tribunal de Comodoro Py comunicará la decisión judicial, que será escuchada de manera virtual por ambos exfuncionarios desde sus respectivas detenciones: De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la cárcel de Ezeiza.
El Caso Skanska se trata del primer gran episodio de corrupción destapado durante el primer mandato de Néstor Kirchner. Se investigó el pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora para adjudicarse la ampliación de los gasoductos Norte y Sur en 2004.
La empresa fue señalada por manipular licitaciones y ocultar el esquema mediante facturas falsas emitidas por más de 20 empresas fantasma, simulando servicios inexistentes.
La prueba clave fue una grabación donde un exejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, reconoció haber pagado coimas en diálogo con el exsíndico Claudio Corizzo. La causa alcanzó a exfuncionarios kirchneristas y directivos de la firma.
El juez federal Sebastián Casanello, al enviar el caso a juicio en 2019, afirmó que Skanska acordó con competidores elevar costos, con el consentimiento de funcionarios públicos. Para justificar estos gastos, se emplearon facturas falsas relacionadas con el proyecto adjudicado por el Estado.
Casanello señaló que estas maniobras causaron un perjuicio económico millonario al Estado, al beneficiar ilegalmente a funcionarios y extraer fondos públicos sin respaldo legal.
