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Economía

Gobierno incumplió la meta fiscal del primer semestre y complica la revisión con el FMI

El superávit acumulado a junio quedó debajo de lo acordado. Economía deberá pedir permiso para liberar US$680 millones.

El resultado fiscal del primer semestre evidenció que el superávit acumulado hasta junio no alcanzó la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según advirtieron analistas privados.

La próxima revisión del organismo, prevista para fines de julio, se basará en estos datos y su aprobación permitiría destrabar un desembolso superior a US$680 millones.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 27 de julio. Aunque no interviene en los detalles técnicos, se espera que el Gobierno le anticipe el incumplimiento y solicite un waiver para garantizar el giro.

El informe de Max Capital indicó que “el superávit primario acumulado con la metodología del FMI fue de $6,3 billones a junio, por debajo de la meta de $6,861 billones, lo que señala un incumplimiento del objetivo”.

Grupo SBS coincidió y afirmó que “excluyendo ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre quedó incumplida en aproximadamente $573.970 millones, aunque no prevén problemas para la próxima revisión”.

En cuanto a la meta anual, el Gobierno flexibilizó el compromiso para 2026, reduciendo la meta de superávit del 2,2% al 1,4% del PBI. Max Capital señaló que aún es posible alcanzarla si las finanzas públicas mejoran en el segundo semestre.

El principal desafío es el deterioro real de la recaudación por el rezago en la actividad económica. La consultora LCG advirtió que “la caída sostenida en ingresos impone un mayor ajuste en el gasto para cumplir con el compromiso”.

LCG también advirtió que, aunque el Gobierno tenga voluntad de cumplir, el esfuerzo fiscal requerido podría tener un costo político y social.

Para manejar esta situación, el Ministerio de Economía adoptó medidas que reflejan esa preocupación: anunció una reducción menor en las retenciones, concentrada en trigo y cebada; postergó hasta 2027 la baja de derechos de exportación sobre soja y derivados; aplazó hasta noviembre la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL); y aplicó maniobras contables para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.

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