El dirigente habló con NORTE y pidió revisar políticas tributarias y observar estructuras de países vecinos. Reclamó acciones desde Nación hasta municipios.
Rubén Federico Piceda, exministro de Economía del Chaco, afirmó que para que Argentina recupere competitividad y sostenga a sus empresas frente a la apertura económica, debe reducir la presión fiscal en todos los niveles del Estado —nacional, provincial y municipal—. En una entrevista con NORTE, el economista explicó que el problema no se limita a un impuesto, sino que es producto de una estructura de costos que acumuló tributos, regulaciones y cargas durante décadas, afectando la producción.
«Si no se baja la presión fiscal y se ajusta el sistema tributario —Nación, Provincia y Municipio— los tres tienen que hacer su parte, porque el país no es competitivo y es inviable», señaló Piceda al analizar la situación económica actual.
Para el exfuncionario, la discusión tributaria tiene aún más peso en un contexto donde Argentina abre progresivamente su economía y los consumidores pueden acceder a productos importados. Esta realidad obliga a las empresas argentinas a competir no solo entre ellas, sino también con productores extranjeros que tienen estructuras de costos más bajas.
Piceda citó el ejemplo de Paraguay para ilustrar la diferencia en presión fiscal. Según sus cálculos, la carga tributaria total para una empresa argentina es mucho más alta que en ese país. «Muy probablemente en Paraguay la presión fiscal total para una empresa esté en torno al 25%, mientras que en Argentina supera el 40%», afirmó.
INGRESOS BRUTOS
Uno de los principales cuestionamientos de Piceda fue hacia el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que calificó como «perverso» por su efecto acumulativo a lo largo de la cadena productiva.
«Ingresos Brutos es un impuesto que afecta los costos empresariales», afirmó. Recordó su participación en el Pacto Fiscal Federal de 1993, cuando se discutieron cambios en la estructura tributaria nacional y provincial. «Estuve en el pacto donde se negoció subir de 18 a 21%, pero logramos eliminar Ingresos Brutos en la producción primaria e industrial», recordó.
La razón, explicó, es el efecto acumulativo del impuesto. «Si Ingresos Brutos se cobra en producción primaria, industria, comercio y servicios, se acumulan cuatro veces», dijo.
Para Piceda, la discusión sobre carga fiscal no debe centrarse solo en cuánto recauda cada jurisdicción, sino en el impacto final de cada tributo en el precio de bienes y servicios, y en la capacidad de las empresas para competir.
En ese sentido, mencionó también el impuesto a los sellos y recordó que en aquel acuerdo se buscó reducir su peso en ciertos sectores productivos. «Sellos fue prácticamente eliminado en la producción primaria e industrial», señaló. Además, destacó períodos en que se redujeron aportes patronales, aunque con alcance variable según las actividades.
Piceda relacionó la presión fiscal con otro factor central: la apertura económica. La posibilidad de comprar productos extranjeros a través de diferentes plataformas cambia las reglas de competencia para las empresas locales.
«El déficit previsional consume $300.000 millones por año y debería ser una prioridad legislativa»
El sistema previsional chaqueño se transformó, según Piceda, en uno de los problemas estructurales más graves de la provincia. El exministro recordó que durante su gestión en los 90 ya se advertía sobre el crecimiento del déficit previsional y cuestionó que, décadas después, el problema sea mucho mayor.
«Un tema que me quedó muy marcado fue defender en la Legislatura el proyecto del exgobernador Rolando Tauguinas para elevar el sistema previsional a la Nación», contó.
En ese momento, el déficit era de cerca de cinco millones de dólares, pero lo preocupante eran las proyecciones futuras.
La propuesta fue aceptada por varias provincias. «Trece decidieron enviar el sistema a Nación, pero once quedaron afuera, entre ellas Chaco», recordó.
El problema principal, según Piceda, es la relación entre trabajadores activos y jubilados. Un sistema previsional saludable necesita alrededor de cuatro aportantes por jubilado. «Para que un jubilado esté bien atendido, debe haber cuatro empleados activos aportando», señaló.
«Si las políticas macroeconómicas del gobierno nacional tienden a reducir la estructura estatal, habrá menos empleados activos. Ya hay un plan de retiros. Eso genera más pasivos que activos», advirtió.
La dimensión del problema se ve en los recursos que la provincia destina para sostener el sistema. «Recordemos que se lleva, entre comillas, 300.000 millones de pesos al año, equivalentes a 200 millones de dólares», alertó.
